La administración Trump está sopesando la posibilidad de disolver y reconstituir el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), un panel clave que ha guiado la política de vacunas de Estados Unidos durante más de 50 años. Esta posible medida se produce después de un reciente fallo judicial que encontró que el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., probablemente violó la ley federal al nombrar a 13 miembros del ACIP.
Disputa legal y estancamiento del comité
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y otros cinco grupos médicos presentaron una demanda impugnando los nombramientos, argumentando que no cumplían con los requisitos de equidad y equilibrio establecidos en la Ley del Comité Asesor Federal (FACA). Un juez falló a favor de la AAP, bloqueando los nombramientos y deteniendo efectivamente las operaciones del ACIP.
Según el ex vicepresidente del ACIP, Robert Malone, la administración está considerando “disolver y recrear” el comité en lugar de presentar una apelación, lo que podría llevar más tiempo. El portavoz del HHS, Andrew Nixon, desestimó las afirmaciones de Malone como “especulación infundada” a menos que el departamento las confirme oficialmente. Sin embargo, informes de CNN indican que otros miembros del ACIP, incluido el presidente, también fueron informados de una posible disolución.
Implicaciones para la política de vacunas
El ACIP desempeña un papel fundamental en el establecimiento del calendario nacional de vacunación tanto para niños como para adultos. Interrumpir el trabajo del comité podría retrasar las actualizaciones de las recomendaciones, lo que podría afectar las iniciativas de salud pública. El fallo del juez también bloquea temporalmente los cambios a las recomendaciones sobre vacunas hechas durante el gobierno de Kennedy, quien durante mucho tiempo ha expresado escepticismo sobre la seguridad de las vacunas.
¿Qué pasa después?
La administración no ha confirmado si apelará la decisión. Si el comité actual se disuelve, cualquier nueva iteración debe cumplir con la FACA, lo que significa que los miembros deben ser seleccionados mediante un proceso transparente y legalmente sólido. La AAP ha declarado que desafiará cualquier intento de eludir estos requisitos.
El futuro del ACIP sigue siendo incierto, pero la disputa legal resalta las tensiones actuales entre la influencia política y la orientación científica independiente en la toma de decisiones de salud pública.
